Las unidades policiales que se negaron a declarar se acogieron a sus derechos constitucionales consagrados en los artículos 22 y 25 de la Constitución.

Primero se les destituyó de sus cargos, y ayer se ordenó la detención preventiva por los delitos contra el pudor, la integridad y la libertad sexual. Las víctimas menores son una niña indígena de 12 años y otra de 15.

Los cargos fueron formulados a un mayor, tres capitanes, dos subtenientes, un cabo segundo y dos agentes de la Policía de Frontera, que laboraban en Darién y Kuna Yala.